La
transición ecológica y digital está transformando nuestras economías, los
empleos que conocemos y las competencias necesarias para sostener un futuro más
justo. Del 3 al 5 de junio, Burdeos fue el epicentro de este debate en el V
Congreso Mundial de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboraly Ocupacional, celebrado bajo el título “Hacia una
reconfiguración del derecho social frente a las transformaciones del trabajo”,
donde juristas, académicos, responsables de políticas públicas y representantes
de organizaciones internacionales reflexionaron sobre cómo reconfigurar el
derecho social y las estrategias de formación ante los cambios estructurales
que afectan al mundo del trabajo. En este contexto, mi intervención se centró
en el análisis de los principios y competencias para una transición
justa, así como en el papel que la Formación Profesional debe desempeñar en
este proceso.
1.
Principios y competencias internacionales para la sostenibilidad
La
noción de “transición justa”, tal y como la define la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), se refiere al conjunto de políticas que
permiten avanzar hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles
garantizando el empleo decente, los derechos laborales y la cohesión social. Se
trata de asegurar que los costes y beneficios de los cambios productivos se
distribuyan de forma equitativa, evitando que determinados grupos de
trabajadores, sectores o territorios queden excluidos de sus beneficios. Este
enfoque se encuentra reflejado en compromisos internacionales como la Agenda2030 de Naciones Unidas (2015), el Pacto Verde Europeo (2019) y, de
forma muy directa, en las Directrices de la OIT para una transición justahacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos (2015),
que subrayan la necesidad de integrar de manera simultánea sostenibilidad
ambiental, justicia social y trabajo decente.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que los múltiples documentos sobre sostenibilidad coinciden en señalar una serie de principios rectores que deberían orientar las políticas públicas: la centralidad del trabajo decente como objetivo de toda estrategia de transformación; la garantía de una protección social adecuada durante el proceso de transición; el recurso al diálogo social tripartito como mecanismo para legitimar y dar eficacia a las medidas; la equidad y la inclusión, con atención prioritaria a colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes, personas migrantes o comunidades rurales; y la planificación anticipada para prevenir impactos negativos desproporcionados.
Gráfico 1. Directrices de política para una transición justa: Marco de acción
Fuente: OIT, 2023
Estos
principios se complementan con un conjunto de competencias que, según la OIT,
la UNESCO y la Comisión Europea, resultan esenciales para afrontar con éxito
este proceso de transformación sostenible. Entre ellas destacan las competencias
técnicas necesarias para desempeñar empleos verdes en sectores estratégicos
como las energías renovables, la movilidad sostenible, la economía circular, la
gestión eficiente de recursos naturales o la rehabilitación energética de
edificios; las competencias transversales como el pensamiento crítico,
la creatividad, el trabajo en equipo o la capacidad de adaptación; la conciencia
ambiental y la responsabilidad social, que incorporan valores de
sostenibilidad en las decisiones profesionales y empresariales; y las competencias
de participación y ciudadanía, imprescindibles para implicar a la sociedad
en los procesos de cambio productivo.
Marcos
como el GreenComp, Marco Europeo de Competencias sobre Sostenibilidad,
las Directrices para una transición justa de la OIT (2015) y su informe Skillsfor a Greener Future (2019), junto con el marco de Educación para el
Desarrollo Sostenible de la UNESCO, ofrecen una base coherente para
integrar las competencias verdes en la Formación Profesional y alinearlas con
los compromisos internacionales.
2.
La Formación Profesional ante los desafíos de la transición ecológica
En
este contexto, la Formación Profesional (FP) ocupa una posición estratégica. Su orientación práctica, su
estrecha vinculación con los sectores productivos y su capacidad de adaptación
a las demandas de cualificación la convierten en un instrumento fundamental
para formar a las personas que liderarán esta transformación sostenible. Este
potencial abarca tanto la formación inicial como la recualificación y
actualización de la población activa, un aspecto esencial para evitar que
la transformación ecológica y digital genere desempleo y exclusión social.
Tal
como se puso de relieve en el V Congreso Mundial de la Comunidad Cielo, la
integración de la sostenibilidad en los currículos favorece la empleabilidad,
refuerza la competitividad de las empresas y estimula la innovación tecnológica
y social. Además, la recualificación orientada a sectores verdes y a nuevas
tecnologías amplía las oportunidades de inserción laboral, fortalece la
movilidad profesional y contribuye a la resiliencia ante cambios en los modelos
productivos. Siguiendo las recomendaciones de la OIT, este proceso debe planificarse
con antelación, anticipando las necesidades de competencias que marcarán el
futuro del trabajo, y debe priorizar a los colectivos más vulnerables a
la pérdida de empleo para garantizar que la transición sea inclusiva y
equitativa, conforme al marco de Educación para el Desarrollo Sostenible de la
UNESCO.
La
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo,
de ordenación e integración de la Formación Profesional incorpora avances
relevantes en esta línea: impulsa decididamente la formación dual, flexibiliza
los mecanismos para actualizar la oferta formativa e introduce de forma
explícita competencias verdes y digitales en los itinerarios formativos.
Estos elementos responden a las orientaciones marcadas por la OIT en sus
Directrices para una transición justa y en el informe Skills for a Greener
Future, así como por la UNESCO en el marco de Educación para el Desarrollo
Sostenible, donde se subraya que la modernización de los sistemas de FP debe ir
acompañada de una actualización constante de contenidos, metodologías y
entornos de aprendizaje.
No obstante, el impacto real de estas medidas dependerá de su puesta en práctica, de la coherencia entre las políticas formativas y las estrategias nacionales de sostenibilidad, y de la capacidad de los centros para adaptarse a las nuevas exigencias. Ello exige inversiones sostenidas en infraestructuras, equipamientos y recursos didácticos; la actualización permanente del profesorado; y el establecimiento de redes sólidas de colaboración con empresas, administraciones y agentes sociales, siguiendo el principio de gobernanza tripartita que la OIT considera esencial para que la transición justa sea efectiva. Además, será necesario un sistema de evaluación continua que permita medir el grado de integración de las competencias verdes y digitales, detectar posibles brechas territoriales o sectoriales, y garantizar que la modernización del sistema de Formación Profesional actúe como un factor de inclusión y cohesión social.
Conclusión
La convergencia entre los principios internacionales de transición justa y la modernización de la FP abre una oportunidad única para articular un modelo productivo más equitativo, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. Esta oportunidad exige, sin embargo, un esfuerzo continuado de análisis, seguimiento y evaluación de las políticas adoptadas. La nueva regulación es un primer paso, pero será necesario analizar en profundidad su desarrollo normativo, su articulación con el resto del sistema educativo y de empleo, y su alineación real con los compromisos internacionales asumidos por España.
La
reflexión compartida en el V Congreso de la Comunidad Cielo (Burdeos, 2025), puso de
manifiesto que este proceso no puede quedar reducido a una declaración de
intenciones ni a reformas fragmentadas. La Formación Profesional, por su
capacidad para vincular la innovación tecnológica con la justicia social y la
sostenibilidad, puede convertirse en el eje vertebrador de esta
transformación, siempre que se base en principios claros, competencias
pertinentes y una implementación coherente con los marcos internacionales. Formar
para un empleo que sea sostenible, justo y respetuoso con los derechos de todas
las personas y con los límites del planeta constituye, más que un objetivo
político, una exigencia ineludible para afrontar con garantías las
transformaciones del trabajo en el siglo XXI.
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