Competencias y principios internacionales para una transición justa II. Hacia una Formación Profesional Sostenible.

En las XLII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, celebradas en Málaga los días 6 y 7 de noviembre de 2025, el bloque dedicado a los retos ecológicos se consolidó como uno de los espacios de mayor densidad doctrinal y proyección internacional. En este contexto se desarrolló la intervención titulada "Sostenibilidad y Formación Profesional. Competencias y principios internacionales para una transición justa", que abordó el papel de la sostenibilidad como principio transversal de la Formación Profesional de acuerdo con los marcos internacionales impulsados por la OIT, la UNESCO y la Comisión Europea.  

La sesión permitió ampliar la reflexión sobre los vínculos entre sostenibilidad, trabajo y formación, a través de las valiosas aportaciones de Cristina Blasco Rasero (Universidad Pablo de Olavide), que planteó el papel de las empresas conscientes en la transformación ecológica; Stefano Bini (Universidad de Córdoba), que propuso una lectura integral de la salud laboral y el medio ambiente; y Henar Álvarez Cuesta (Universidad de León), que exploró los desafíos del Derecho del Trabajo frente a la crisis climática. Profundizando en este debate, mi ponencia específica se centró en las competencias y principios que deben orientar los sistemas de Formación Profesional para que actúen como herramientas de justicia social y promuevan la sostenibilidad.

La intervención partió de una premisa clara: la sostenibilidad, entendida como compromiso internacional y ético, está modificando los fundamentos de la Formación Profesional. Ya no basta con ajustar la oferta educativa a las necesidades del mercado: la Formación Profesional debe anticipar los cambios, garantizar la equidad y contribuir activamente a la cohesión social. Ello implica revisar sus finalidades, estructuras y métodos a la luz de los principios consagrados en la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y las Directrices de la OIT para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles.

Históricamente, la Formación Profesional ha desempeñado funciones habilitantes, centradas en la adquisición de competencias técnicas, y funciones garantistas, relacionadas con la certificación y la calidad. Sin embargo, el contexto actual exige dotar al sistema de nuevas funciones que respondan a los desafíos de la transición ecológica y digital. La contribución propone una ampliación de este marco funcional, incorporando cinco dimensiones esenciales: anticipadora, redistributiva, deliberativa, articuladora y resiliente.

 

Figura 1. Evolución funcional de la Formación Profesional hacia la sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia

La función anticipadora otorga a la Formación Profesional la capacidad de prever necesidades de cualificación emergentes, identificar brechas y orientar la reconversión de sectores productivos. La función redistributiva asegura que la transformación ecológica contribuya a reducir desigualdades y amplíe las oportunidades de inclusión. La función deliberativa refuerza el valor democrático del diálogo social y de la participación en la definición de políticas formativas. La función articuladora conecta la Formación Profesional con las políticas de empleo, innovación, industria y transición energética, favoreciendo una gobernanza integrada. Finalmente, la función de resiliencia institucional permite al sistema adaptarse a los cambios mediante aprendizaje continuo y revisión de sus estrategias a partir de la evidencia.

Sobre esta base, la intervención abordó el cambio de paradigma que afecta al concepto de competencia. En los marcos internacionales recientes, la competencia deja de ser entendida como una capacidad técnica vinculada a la productividad individual para convertirse en una categoría relacional, ética y situada. Se trata de una noción que articula conocimientos, valores y capacidades en torno al ejercicio responsable de la ciudadanía y la construcción de un desarrollo sostenible.

La OIT, la UNESCO y la OCDE coinciden en que las competencias necesarias para afrontar la transición ecológica integran, además de las tradicionales, cuatro nuevas dimensiones. La dimensión cognitiva y crítica abarca el pensamiento analítico, la creatividad y la capacidad de aprender a lo largo de la vida. La dimensión ética y axiológica incorpora valores como la equidad, la justicia social y el respeto a los límites ecológicos. La dimensión social y relacional reconoce la interdependencia entre personas y comunidades, y sitúa la cooperación, el trabajo en equipo y la empatía en el centro de la formación. Finalmente, la dimensión política y transformadora confiere a las competencias un propósito emancipador, orientado a la participación activa en la configuración de estructuras económicas y sociales más justas.

Figura 2. Nuevas dimensiones de la competencia sostenible

Fuente: Elaboración propia

Estas dimensiones reconfiguran el sentido de la formación profesional. La competencia ya no puede reducirse a la adecuación a un puesto de trabajo, porque constituye también una forma de participación social y un medio para ejercer derechos. La OIT sostiene que el desarrollo de competencias debe garantizar la continuidad del trabajo decente, la protección social y la adaptación equitativa de las personas trabajadoras a los cambios tecnológicos y ecológicos. La Formación Profesional se convierte así en un instrumento de habilitación ciudadana y en un componente esencial de las políticas de justicia social.

En este contexto, y como aportación final, la contribución sistematiza cinco principios internacionales que deben guiar la transformación de los sistemas de Formación Profesional. El primero es el principio de transversalidad curricular de la sostenibilidad, que implica incorporar la sostenibilidad como eje vertebrador del conjunto del sistema, desde los contenidos hasta las metodologías. El segundo es el principio de justicia y equidad redistributiva, que exige priorizar a los colectivos más expuestos a los impactos de la transición y garantizar una distribución equitativa de oportunidades de formación. El tercero es el principio de deliberación democrática y facultad ética de intervención, que reconoce el valor de la educación como espacio para el desarrollo de la conciencia crítica y la responsabilidad social. El cuarto principio, de anticipación institucional y resiliencia sistémica, establece la obligación de desarrollar capacidades prospectivas que permitan prever los efectos del cambio y actuar preventivamente ante posibles desigualdades. Por último, el principio de coherencia y gobernanza intersectorial busca asegurar la articulación entre los sistemas de educación, empleo y sostenibilidad, superando la fragmentación que suele debilitar la eficacia de las políticas públicas.

Figura 3. Principios internacionales para una Formación Profesional Sostenible

 

Fuente: Elaboración propia

Estos principios, que los organismos internacionales han ido perfilando en sus marcos de acción, funcionan como mandatos que vinculan las políticas nacionales con compromisos globales de sostenibilidad y justicia. Su aplicación permitirá evaluar la capacidad real de los sistemas de Formación Profesional para contribuir al trabajo decente, la equidad social y la transición ecológica justa.

La reflexión desarrollada en las Jornadas Andaluzas evidenció que la sostenibilidad constituye hoy un principio fundamental que redefine los fines y funciones de la formación, al integrar las dimensiones ética, social y ecológica en el núcleo del aprendizaje. La Formación Profesional, concebida desde sus funciones anticipadora, redistributiva y deliberativa, debe desempeñar un papel central en la reconstrucción de los vínculos entre educación, trabajo y sostenibilidad. Solo así la transición ecológica puede aspirar a ser socialmente justa y garantizar que el desarrollo económico respete la dignidad humana y los límites del planeta.

Los resultados de las XLII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales se publican en abierto: Monográfico núm. 68 de Temas Laborales, “Grandes Transformaciones Sociales y Relaciones Laborales”.  

Esta entrada complementa la entrega anterior dedicada al papel estratégico de la Formación Profesional (Competencias y principios internacionales para una transición justa I), ampliando la reflexión sobre los marcos internacionales de competencias y los principios que orientan la transición justa.

Formar juristas en tiempos de incertidumbre. A propósito de la monografía La protección de los derechos fundamentales en la relación laboral. Garantía de indemnidad y contratación temporal (Laborum, 2025)

Vivimos en una sociedad inestable y difusa, marcada por la fragilidad de los vínculos, la volatilidad de las instituciones y la disolución de principios que antaño ofrecían estabilidad. Esta crisis de solidez alcanza con especial intensidad al trabajo y al Derecho que lo regula, donde las categorías jurídicas se han vuelto excesivamente permeables a los cambios económicos y tecnológicos, hasta el punto de correr el riesgo de perder su sentido regulador. En este contexto, la formación jurídica, y en particular la formación doctoral, se ve también amenazada por esas mismas lógicas de fugacidad y pérdida de densidad que atraviesan la vida social. Cuando el pensamiento se subordina al rendimiento inmediato, cuando la urgencia desplaza a la reflexión o cuando los vínculos académicos, antes espacios de transmisión y comunidad, se diluyen bajo la lógica de la productividad cuantificable, la investigación se resiente y el conocimiento se vuelve episódico, instrumental y desestructurado.

En este escenario de inestabilidad, los derechos fundamentales se afirman como el fundamento mismo del Derecho del Trabajo, la fuente de su legitimidad y el criterio último que justifica su existencia y su evolución. Constituyen el punto de anclaje frente a la volatilidad de las formas productivas y la desmaterialización de los vínculos laborales; la base sobre la que se sostiene la promesa de dignidad, libertad e igualdad en un tiempo donde todo parece volverse transitorio y fungible. Esta función adquiere hoy una relevancia aún mayor ante el avance de la inteligencia artificial y los sistemas de gestión algorítmica, que introducen nuevas formas de control, evaluación y decisión, ampliando los márgenes del poder empresarial más allá de lo perceptible. En un mundo sometido a la lógica de la flexibilidad, la automatización y el cambio constante, los derechos fundamentales actúan como límites frente al poder tecnológico y, sobre todo, como garantías de humanidad, recordando que el trabajo no puede reducirse a una variable económica ni a un flujo de datos sin poner en riesgo al ser humano, a la propia humanidad y a sus formas de convivencia. Precisamente por ello, la formación jurídica supone hoy, más que un mérito cuantificable, una tarea de supervivencia y preservación: generar intérpretes capaces de reconstruir las instituciones y categorías desde los valores que las legitiman y de proyectarlas hacia un futuro en el que la innovación no se imponga a costa de las garantías que tanto tiempo y esfuerzo costó construir.

La tesis doctoral de Sonia Morán Roa, publicada recientemente por la editorial Laborum bajo el título La protección de los derechos fundamentales en la relación laboral: Garantía de indemnidad y contratación temporal, representa una investigación jurídica profunda y comprometida con nuestro tiempo. Su objeto, el estudio del contrato de trabajo y de las modalidades contractuales como elementos determinantes en la efectividad de los derechos fundamentales, retoma el núcleo originario del Derecho del Trabajo, la tensión entre libertad y subordinación, entre poder económico y dignidad humana. Una materia de plena actualidad que revela hasta qué punto un entendimiento erróneo del Derecho puede conducir a resultados contrarios a su propia razón de ser, provocando incluso su inaplicación cuando las categorías jurídicas pierden contacto con la realidad que deben proteger.

La autora parte de una premisa esencial: los trabajadores, en tanto ciudadanos, son titulares plenos de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, pero la relación de trabajo introduce condicionantes que limitan su ejercicio efectivo. Esta constatación, que podría parecer evidente, adquiere un profundo sentido cuando se analiza a la luz de la precariedad y la temporalidad que han marcado las últimas décadas del mercado laboral español; un contexto en el que el tipo de contrato determina el alcance real de los derechos fundamentales en las organizaciones productivas.

La monografía desarrolla esta hipótesis mediante un sólido recorrido conceptual, normativo y jurisprudencial. La autora examina el proceso de constitucionalización de los derechos laborales, explorando la forma en que el Estado social y democrático de Derecho ha integrado en su estructura la protección de la persona trabajadora. A partir de ahí, analiza las limitaciones derivadas de la subordinación y de la desigualdad estructural que caracteriza la relación laboral, mostrando cómo la dependencia económica y jurídica puede convertirse en un terreno propicio para la restricción de los derechos fundamentales.

Una relevancia central adquiere en su estudio la garantía de indemnidad, concebida como manifestación específica del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La autora realiza un examen exhaustivo de su configuración doctrinal y jurisprudencial y de las represalias, tanto las producidas durante la vigencia del contrato como aquellas que culminan en la extinción de la relación laboral. El análisis de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia permite reconstruir un mapa preciso de los criterios con los que el ordenamiento afronta la defensa de la persona trabajadora frente al poder disciplinario y extintivo del empleador.

Junto al estudio dogmático, la obra ofrece una lectura crítica de las transformaciones del sistema de contratación, destacando el impacto de la temporalidad en la erosión de las garantías. La investigación muestra, con apoyo en datos empíricos y en el examen de la normativa anterior y posterior a la reforma laboral de 2021, cómo la generalización de la contratación temporal ha debilitado la efectividad de los derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales y consolidado un modelo de ciudadanía desigual en el trabajo. Evidencia, a través del análisis de las distintas modalidades contractuales, indefinida, temporal y fija discontinua, cómo el tipo de contrato condiciona la estabilidad, la protección frente a la represalia y, en definitiva, la capacidad del trabajador para ejercer sus derechos.

El resultado es una investigación rigurosa, coherente y de profunda relevancia social, que devuelve al Derecho del Trabajo su función originaria de garantía frente al poder. En un tiempo en que la flexibilidad y la desregulación tienden a imponerse como paradigmas, esta obra recuerda que la libertad en el trabajo solo es posible cuando los derechos fundamentales conservan su eficacia plena. Constituye, por ello, una investigación que combina solvencia, sensibilidad y compromiso con la justicia social: una contribución valiosa al pensamiento jurídico y un testimonio de una formación doctoral responsable con las circunstancias que nos han tocado vivir.

Un acto de afirmación en medio de la incertidumbre.

 

De la formación inicial al mundo laboral: nuevos profesionales ante los desafíos de la orientación profesional

 

Tras meses de intenso trabajo, finaliza la formación del alumnado del Máster en Formación del Profesorado, especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL-MAES). Se incorporan al mundo profesional preparados para aportar sus conocimientos y desempeñar un papel clave en la nueva Formación Profesional, concebida como un espacio donde docencia, orientación e innovación se integran para responder a los retos de un mercado laboral en constante transformación.

Esta es la primera promoción que ha cursado los nuevos módulos de la especialidad:

✅ Itinerario personalizado para la empleabilidad.
✅ Digitalización aplicada a los sectores productivos.
✅ Sostenibilidad aplicada a los sectores productivos.

Además de la formación disciplinar, el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la investigación e innovación educativa, su preparación ha profundizado en dos ejes estratégicos: la dualidad en la Formación Profesional y el desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera profesional, conforme a marcos internacionales que conciben la orientación como un derecho y un pilar fundamental del trabajo decente.

La formación y orientación laboral articula el tránsito de la formación inicial al trabajo, vinculando las aspiraciones de las personas con las realidades productivas y sociales. Supone formar para el presente y, sobre todo, preparar para aprender, adaptarse y desarrollarse a lo largo de toda la vida. En un contexto marcado por la digitalización, la transición ecológica y la movilidad profesional, el profesorado de FOL desempeña un papel decisivo para dotar al alumnado de competencias, estrategias y visión crítica que permitan construir proyectos profesionales coherentes, sostenibles y socialmente responsables.

En este marco, los nuevos módulos de la especialidad son esenciales para afrontar tanto el acceso inicial al empleo como las posteriores transiciones laborales. Su verdadero potencial está en la posibilidad de interrelacionar sus contenidos: vincular sostenibilidad y digitalización con itinerarios personalizados facilita trabajar las habilidades para la gestión de la carrera profesional (Career Management Skills, CMS) desde una perspectiva crítica, orientada a la autonomía, la justicia social y la capacidad de incidir en la configuración de un trabajo decente y sostenible.

Figura 1. Interacciones Institucionales de la Formación Profesional

Fuente: Elaboración propia 

No obstante, persiste el riesgo de compartimentar y aislar estos módulos y relegarlos a un plano teórico. La regulación estatal no contempla, de forma general, su impartición en modalidad dual, lo que reduce la conexión con entornos productivos reales. Algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han abierto esta posibilidad, creando la oportunidad de trasladar también estas materias al ámbito empresarial. Incorporar la riqueza de la dualidad a la formación transversal, incluyendo la formación y orientación profesional, permitiría al alumnado experimentar, en contextos reales de trabajo, cómo estas competencias pueden articular itinerarios profesionales adecuados y alineados con las transiciones ecológica y digital.

No cabe duda de que existen numerosas causas que pueden justificar esta falta de previsión: desde la intención de preservar una formación homogénea en contenidos básicos y fundamentales, como derechos laborales, prevención de riesgos u orientación profesional, hasta el temor a perder control sobre la evaluación en entornos externos, o la inercia de un modelo que reserva los contenidos transversales a los centros educativos y atribuye a las empresas la formación técnica. Sin embargo, esta división se aleja de las recomendaciones de CEDEFOP, OIT u OCDE, que destacan que las habilidades para la gestión de la carrera se desarrollan mejor cuando incluyen experiencias en contextos productivos reales, conectando el aprendizaje con su aplicación práctica. Las mismas consideraciones se pueden efectuar respecto de la digitalización y la sostenibilidad.

A ello se suma otra limitación: los módulos transversales están excluidos de la oferta en grado A, B o C, modalidad disponible para otros módulos técnicos de los ciclos formativos. Esto impide cursarlos de forma independiente para reciclaje o actualización profesional, salvo que se complete un ciclo completo. En consecuencia, esta formación, fundamental para reforzar la empleabilidad y las CMS de la población activa, quedaría relegada a la formación para el empleo, en lugar de integrarse plenamente en la Formación Profesional como parte de una estrategia de aprendizaje permanente. Dicha exclusión, contradictoria con los objetivos de la LOIFP y con las recomendaciones de organismos internacionales, limita de forma significativa las oportunidades de que las personas en activo o en transición adquieran competencias esenciales para afrontar con éxito los cambios del mercado laboral.

La nueva generación de especialistas que surge de este máster se incorpora a un ámbito, el de la Formación Profesional, donde la orientación laboral constituye una institución esencial, con impacto directo en la empleabilidad, las transiciones y la sostenibilidad de los entornos productivos. Su labor será clave para articular itinerarios formativos coherentes, garantizar la adquisición de competencias transversales e impulsar un modelo de orientación alineado con la digitalización, la sostenibilidad y las directrices internacionales en educación y empleo. La integración de experiencia práctica, visión crítica e innovación metodológica les permitirá afrontar con solvencia los cambios del mercado laboral y contribuir, desde su labor docente y orientadora, a la mejora de la normativa y de las políticas públicas en orientación profesional. 

Competencias y principios internacionales para una transición justa I. El papel estratégico de la Formación Profesional

 

La transición ecológica y digital está transformando nuestras economías, los empleos que conocemos y las competencias necesarias para sostener un futuro más justo. Del 3 al 5 de junio, Burdeos fue el epicentro de este debate en el V Congreso Mundial de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboraly Ocupacional, celebrado bajo el título “Hacia una reconfiguración del derecho social frente a las transformaciones del trabajo”, donde juristas, académicos, responsables de políticas públicas y representantes de organizaciones internacionales reflexionaron sobre cómo reconfigurar el derecho social y las estrategias de formación ante los cambios estructurales que afectan al mundo del trabajo. En este contexto, mi intervención se centró en el análisis de los principios y competencias para una transición justa, así como en el papel que la Formación Profesional debe desempeñar en este proceso.

1. Principios y competencias internacionales para la sostenibilidad

La noción de “transición justa”, tal y como la define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refiere al conjunto de políticas que permiten avanzar hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles garantizando el empleo decente, los derechos laborales y la cohesión social. Se trata de asegurar que los costes y beneficios de los cambios productivos se distribuyan de forma equitativa, evitando que determinados grupos de trabajadores, sectores o territorios queden excluidos de sus beneficios. Este enfoque se encuentra reflejado en compromisos internacionales como la Agenda2030 de Naciones Unidas (2015), el Pacto Verde Europeo (2019) y, de forma muy directa, en las Directrices de la OIT para una transición justahacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos (2015), que subrayan la necesidad de integrar de manera simultánea sostenibilidad ambiental, justicia social y trabajo decente.

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que los múltiples documentos sobre sostenibilidad coinciden en señalar una serie de principios rectores que deberían orientar las políticas públicas: la centralidad del trabajo decente como objetivo de toda estrategia de transformación; la garantía de una protección social adecuada durante el proceso de transición; el recurso al diálogo social tripartito como mecanismo para legitimar y dar eficacia a las medidas; la equidad y la inclusión, con atención prioritaria a colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes, personas migrantes o comunidades rurales; y la planificación anticipada para prevenir impactos negativos desproporcionados.

Gráfico 1.       Directrices de política para una transición justa: Marco de acción

Fuente: OIT, 2023

Estos principios se complementan con un conjunto de competencias que, según la OIT, la UNESCO y la Comisión Europea, resultan esenciales para afrontar con éxito este proceso de transformación sostenible. Entre ellas destacan las competencias técnicas necesarias para desempeñar empleos verdes en sectores estratégicos como las energías renovables, la movilidad sostenible, la economía circular, la gestión eficiente de recursos naturales o la rehabilitación energética de edificios; las competencias transversales como el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo o la capacidad de adaptación; la conciencia ambiental y la responsabilidad social, que incorporan valores de sostenibilidad en las decisiones profesionales y empresariales; y las competencias de participación y ciudadanía, imprescindibles para implicar a la sociedad en los procesos de cambio productivo.

Marcos como el GreenComp, Marco Europeo de Competencias sobre Sostenibilidad, las Directrices para una transición justa de la OIT (2015) y su informe Skillsfor a Greener Future (2019), junto con el marco de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, ofrecen una base coherente para integrar las competencias verdes en la Formación Profesional y alinearlas con los compromisos internacionales.

2. La Formación Profesional ante los desafíos de la transición ecológica

En este contexto, la Formación Profesional (FP) ocupa una posición estratégica. Su orientación práctica, su estrecha vinculación con los sectores productivos y su capacidad de adaptación a las demandas de cualificación la convierten en un instrumento fundamental para formar a las personas que liderarán esta transformación sostenible. Este potencial abarca tanto la formación inicial como la recualificación y actualización de la población activa, un aspecto esencial para evitar que la transformación ecológica y digital genere desempleo y exclusión social.

Tal como se puso de relieve en el V Congreso Mundial de la Comunidad Cielo, la integración de la sostenibilidad en los currículos favorece la empleabilidad, refuerza la competitividad de las empresas y estimula la innovación tecnológica y social. Además, la recualificación orientada a sectores verdes y a nuevas tecnologías amplía las oportunidades de inserción laboral, fortalece la movilidad profesional y contribuye a la resiliencia ante cambios en los modelos productivos. Siguiendo las recomendaciones de la OIT, este proceso debe planificarse con antelación, anticipando las necesidades de competencias que marcarán el futuro del trabajo, y debe priorizar a los colectivos más vulnerables a la pérdida de empleo para garantizar que la transición sea inclusiva y equitativa, conforme al marco de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO.

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional incorpora avances relevantes en esta línea: impulsa decididamente la formación dual, flexibiliza los mecanismos para actualizar la oferta formativa e introduce de forma explícita competencias verdes y digitales en los itinerarios formativos. Estos elementos responden a las orientaciones marcadas por la OIT en sus Directrices para una transición justa y en el informe Skills for a Greener Future, así como por la UNESCO en el marco de Educación para el Desarrollo Sostenible, donde se subraya que la modernización de los sistemas de FP debe ir acompañada de una actualización constante de contenidos, metodologías y entornos de aprendizaje.

No obstante, el impacto real de estas medidas dependerá de su puesta en práctica, de la coherencia entre las políticas formativas y las estrategias nacionales de sostenibilidad, y de la capacidad de los centros para adaptarse a las nuevas exigencias. Ello exige inversiones sostenidas en infraestructuras, equipamientos y recursos didácticos; la actualización permanente del profesorado; y el establecimiento de redes sólidas de colaboración con empresas, administraciones y agentes sociales, siguiendo el principio de gobernanza tripartita que la OIT considera esencial para que la transición justa sea efectiva. Además, será necesario un sistema de evaluación continua que permita medir el grado de integración de las competencias verdes y digitales, detectar posibles brechas territoriales o sectoriales, y garantizar que la modernización del sistema de Formación Profesional actúe como un factor de inclusión y cohesión social. 

Conclusión

La convergencia entre los principios internacionales de transición justa y la modernización de la FP abre una oportunidad única para articular un modelo productivo más equitativo, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. Esta oportunidad exige, sin embargo, un esfuerzo continuado de análisis, seguimiento y evaluación de las políticas adoptadas. La nueva regulación es un primer paso, pero será necesario analizar en profundidad su desarrollo normativo, su articulación con el resto del sistema educativo y de empleo, y su alineación real con los compromisos internacionales asumidos por España.

La reflexión compartida en el V Congreso de la Comunidad Cielo (Burdeos, 2025), puso de manifiesto que este proceso no puede quedar reducido a una declaración de intenciones ni a reformas fragmentadas. La Formación Profesional, por su capacidad para vincular la innovación tecnológica con la justicia social y la sostenibilidad, puede convertirse en el eje vertebrador de esta transformación, siempre que se base en principios claros, competencias pertinentes y una implementación coherente con los marcos internacionales. Formar para un empleo que sea sostenible, justo y respetuoso con los derechos de todas las personas y con los límites del planeta constituye, más que un objetivo político, una exigencia ineludible para afrontar con garantías las transformaciones del trabajo en el siglo XXI.