En las XLII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, celebradas en Málaga los días 6 y 7 de noviembre de 2025, el bloque dedicado a los retos ecológicos se consolidó como uno de los espacios de mayor densidad doctrinal y proyección internacional. En este contexto se desarrolló la intervención titulada "Sostenibilidad y Formación Profesional. Competencias y principios internacionales para una transición justa", que abordó el papel de la sostenibilidad como principio transversal de la Formación Profesional de acuerdo con los marcos internacionales impulsados por la OIT, la UNESCO y la Comisión Europea.
La sesión permitió ampliar la
reflexión sobre los vínculos entre sostenibilidad, trabajo y formación, a través
de las valiosas aportaciones de Cristina Blasco Rasero (Universidad Pablo de
Olavide), que planteó el papel de las empresas conscientes en la transformación
ecológica; Stefano Bini (Universidad de Córdoba), que propuso una lectura
integral de la salud laboral y el medio ambiente; y Henar Álvarez Cuesta
(Universidad de León), que exploró los desafíos del Derecho del Trabajo frente
a la crisis climática. Profundizando en este debate, mi ponencia específica se
centró en las competencias y principios que deben orientar los sistemas de
Formación Profesional para que actúen como herramientas de justicia social y
promuevan la sostenibilidad.
La intervención partió de una
premisa clara: la sostenibilidad, entendida como compromiso internacional y
ético, está modificando los fundamentos de la Formación Profesional. Ya no
basta con ajustar la oferta educativa a las necesidades del mercado: la
Formación Profesional debe anticipar los cambios, garantizar la equidad y
contribuir activamente a la cohesión social. Ello implica revisar sus
finalidades, estructuras y métodos a la luz de los principios consagrados en la
Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y las Directrices de la OIT para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles.
Históricamente, la Formación
Profesional ha desempeñado funciones habilitantes, centradas en la adquisición
de competencias técnicas, y funciones garantistas, relacionadas con la
certificación y la calidad. Sin embargo, el contexto actual exige dotar al sistema
de nuevas funciones que respondan a los desafíos de la transición ecológica y
digital. La contribución propone una ampliación de este marco funcional,
incorporando cinco dimensiones esenciales: anticipadora, redistributiva,
deliberativa, articuladora y resiliente.
Fuente: Elaboración propia
La función anticipadora otorga a
la Formación Profesional la capacidad de prever necesidades de cualificación
emergentes, identificar brechas y orientar la reconversión de sectores
productivos. La función redistributiva asegura que la transformación ecológica
contribuya a reducir desigualdades y amplíe las oportunidades de inclusión. La
función deliberativa refuerza el valor democrático del diálogo social y de la
participación en la definición de políticas formativas. La función articuladora
conecta la Formación Profesional con las políticas de empleo, innovación,
industria y transición energética, favoreciendo una gobernanza integrada.
Finalmente, la función de resiliencia institucional permite al sistema
adaptarse a los cambios mediante aprendizaje continuo y revisión de sus
estrategias a partir de la evidencia.
Sobre esta base, la intervención
abordó el cambio de paradigma que afecta al concepto de competencia. En los
marcos internacionales recientes, la competencia deja de ser entendida como una
capacidad técnica vinculada a la productividad individual para convertirse en
una categoría relacional, ética y situada. Se trata de una noción que articula
conocimientos, valores y capacidades en torno al ejercicio responsable de la
ciudadanía y la construcción de un desarrollo sostenible.
La OIT, la UNESCO y la OCDE coinciden en que las competencias necesarias para afrontar la transición ecológica integran, además de las tradicionales, cuatro nuevas dimensiones. La dimensión cognitiva y crítica abarca el pensamiento analítico, la creatividad y la capacidad de aprender a lo largo de la vida. La dimensión ética y axiológica incorpora valores como la equidad, la justicia social y el respeto a los límites ecológicos. La dimensión social y relacional reconoce la interdependencia entre personas y comunidades, y sitúa la cooperación, el trabajo en equipo y la empatía en el centro de la formación. Finalmente, la dimensión política y transformadora confiere a las competencias un propósito emancipador, orientado a la participación activa en la configuración de estructuras económicas y sociales más justas.
Figura 2. Nuevas dimensiones de la competencia sostenible
Fuente: Elaboración propia
Estas dimensiones reconfiguran el
sentido de la formación profesional. La competencia ya no puede reducirse a la
adecuación a un puesto de trabajo, porque constituye también una forma de
participación social y un medio para ejercer derechos. La OIT sostiene que el
desarrollo de competencias debe garantizar la continuidad del trabajo decente,
la protección social y la adaptación equitativa de las personas trabajadoras a
los cambios tecnológicos y ecológicos. La Formación Profesional se convierte
así en un instrumento de habilitación ciudadana y en un componente esencial de
las políticas de justicia social.
En este contexto, y como
aportación final, la contribución sistematiza cinco principios internacionales
que deben guiar la transformación de los sistemas de Formación Profesional.
El primero es el principio de transversalidad curricular de la sostenibilidad,
que implica incorporar la sostenibilidad como eje vertebrador del conjunto del
sistema, desde los contenidos hasta las metodologías. El segundo es el
principio de justicia y equidad redistributiva, que exige priorizar a los
colectivos más expuestos a los impactos de la transición y garantizar una
distribución equitativa de oportunidades de formación. El tercero es el
principio de deliberación democrática y facultad ética de intervención, que
reconoce el valor de la educación como espacio para el desarrollo de la
conciencia crítica y la responsabilidad social. El cuarto principio, de
anticipación institucional y resiliencia sistémica, establece la obligación de
desarrollar capacidades prospectivas que permitan prever los efectos del cambio
y actuar preventivamente ante posibles desigualdades. Por último, el principio
de coherencia y gobernanza intersectorial busca asegurar la
articulación entre los sistemas de educación, empleo y sostenibilidad,
superando la fragmentación que suele debilitar la eficacia de las políticas
públicas.
Figura 3. Principios internacionales
para una Formación Profesional Sostenible
Fuente: Elaboración propia
Estos principios, que los
organismos internacionales han ido perfilando en sus marcos de acción, funcionan
como mandatos que vinculan las políticas nacionales con compromisos
globales de sostenibilidad y justicia. Su aplicación permitirá evaluar la
capacidad real de los sistemas de Formación Profesional para contribuir al
trabajo decente, la equidad social y la transición ecológica justa.
La reflexión desarrollada en las
Jornadas Andaluzas evidenció que la sostenibilidad constituye hoy un principio fundamental
que redefine los fines y funciones de la formación, al integrar las dimensiones
ética, social y ecológica en el núcleo del aprendizaje. La Formación
Profesional, concebida desde sus funciones anticipadora, redistributiva y
deliberativa, debe desempeñar un papel central en la reconstrucción de los
vínculos entre educación, trabajo y sostenibilidad. Solo así la transición
ecológica puede aspirar a ser socialmente justa y garantizar que el desarrollo
económico respete la dignidad humana y los límites del planeta.
Los resultados de las XLII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales se publican en abierto: Monográfico núm. 68 de Temas Laborales, “Grandes Transformaciones Sociales y Relaciones Laborales”.
Esta entrada complementa la entrega anterior dedicada al papel estratégico de la Formación Profesional (Competencias y principios internacionales para una transición justa I), ampliando la reflexión sobre los marcos internacionales de competencias y los principios que orientan la transición justa.
